Decreto que Reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (VF)

El día 18 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”. Dicha reforma consistió principalmente en delimitar las funciones de la autoridad investigadora, substanciadora y resolutora de los procedimientos administrativos sancionadores en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal, así como la implementación de dicho procedimiento en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (“LGRA”).

Esta reforma tiene como finalidad establecer mecanismos de vigilancia, control, investigación y sanción efectivos para combatir faltas administrativas graves y no graves dentro del Poder Judicial de la Federación. La ley propone un procedimiento específico para la determinación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Se establece que el Poder Judicial de la Federación contará con un procedimiento nuevo para llevar a cabo las investigaciones, y en su caso, sancionar a aquellos servidores públicos que realicen alguna conducta prohibida en términos de la LGRA (siempre que no sean contrarias a la función jurisdiccional) o las diversas disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación.

Para tales efectos se señaló a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas como autoridad investigadora y a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación como autoridad substanciadora. En congruencia con la LGRA, en ningún caso la función de la autoridad substanciadora podrá ser ejercida por la autoridad investigadora. Éstas tendrán la obligación de llevar a cabo las investigaciones y la substanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas de casi todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Se exceptúan de este procedimiento los servidores públicos adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes deberán de instaurar sus propios procedimientos.

Una vez que se haya substanciado el procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad resolutora deberá emitir una resolución en la que determine si se cometió alguna conducta sancionable en términos de las disposiciones aplicables e imponer la sanción que corresponda a los servidores públicos que resulten responsables.

Las entidades designadas como autoridades resolutoras y facultadas para aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dependiendo del servidor público que se encuentre sometido al procedimiento de responsabilidades administrativas son: (i) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; (ii) el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; (iii) la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; (iv) el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; (v) la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y (vi) el Órgano Colegiado que determine el Consejo de la Judicatura Federal.

Las sanciones previstas para los servidores públicos que cometan alguna conducta prevista en la LGRA o los ordenamientos aplicables al Poder Judicial de la Federación consisten en: (i) apercibimiento privado o público; (ii) amonestación privada o pública; (iii) sanción económica; (iv) suspensión; (v) destitución; e (vi) inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación son sumamente relevantes ya que implementan la operatividad y eficacia del régimen sancionatorio administrativo por hechos de corrupción en la actividad jurisdiccional. Ello marca un parteaguas en la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial Federal que antes no tenían. Este ejemplo deberá seguirse por los poderes judiciales locales de las entidades federativas para encauzar el rumbo del Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto.